Otros demandados fueron el productor Andres A. Coll Fernández y el abogado Edwin Prado Galarza
Daddy Yankee, y su compañía Los Cangris, Inc., presentaron una demanda federal ante el Tribunal de Distrito de Puerto Rico contra el productor Raphy Pina, su exesposa Mireddys González Castellanos, y un grupo de asociados y entidades corporativas.
El artista boricua acusa a los demandados de operar una empresa delictiva dedicada a la apropiación ilegal de participaciones de publicación y regalías, un esquema que, según Yankee, duró casi una década.
Los demandantes alegan violaciones a la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO) de Estados Unidos, la Ley de Crimen Organizado de Puerto Rico, y exigen desagravio permanente por mandato judicial.
La demanda establece que Ramón Ayala Rodríguez, nombre de pila del artista y Los Cangris buscan «restaurar los registros de publicación precisos y recuperar las regalías vinculadas exclusivamente a los derechos de autoría, asegurando que las reclamaciones fraudulentas no erosionen las protecciones otorgadas a los verdaderos creadores».
El recurso legal se centra específicamente en los derechos de publicación y regalías de ciertas canciones, donde los demandados supuestamente reclamaron falsamente la autoría a pesar de no haber contribuido creativamente.
Como resultado del supuesto esquema, los demandantes alegan que sufrieron la reducción de la propiedad de publicación, el desvío de regalías y la pérdida de control sobre la explotación de su catálogo.
Por ello, Ayala Rodríguez y Los Cangris, Inc. exigen al tribunal una indemnización por daños triplicados, de conformidad con las leyes RICO y de Crimen Organizado de Puerto Rico, por una cantidad no menor a $3 millones, además de los costos del litigio, honorarios de abogados e intereses.
También piden una orden judicial permanente que obligue a los demandados a tomar todas las medidas necesarias para restaurar la información precisa de autoría y propiedad. Además, buscan la notificación a terceros relevantes sobre dichas correcciones, con la obligación de proporcionar una certificación escrita de cumplimiento en un plazo de treinta (30) días.
¿De qué se trata el presunto esquema?
El presunto esquema, que habría comenzado a operar a más tardar en 2015, se basó en el uso coordinado de comunicaciones por correo electrónico, la manipulación de las «split sheets» (documentos que asignan la autoría y las participaciones de publicación de las canciones), autorizaciones falsificadas y presentaciones engañosas de derechos de autor.
Según la querella, Raphy Pina sirvió como el arquitecto central de la empresa RICO, orquestando la inserción sistemática de su nombre o el de sus entidades controladas —como Los Magnifikos Inc., World Music Latino Corp., Mafer Music Publishing Inc. y Gasolina Publishing Co.— en la propiedad e ingresos de las composiciones de Ayala Rodríguez.
Los demandantes descubrieron esta «verdad escalofriante» en 2025, tras un cambio de gestión corporativa de Los Cangris y El Cartel que ocurrió el 20 de diciembre de 2024.
En ese momento, Ayala Rodríguez tomó el control total de las corporaciones debido a la alarma generada por la falta de transparencia financiera y un supuesto intento fallido de su entonces esposa, González Castellanos, de transferir $100 millones de cuentas corporativas a cuentas personales. Al asumir el control, alegan que se descubrió que los registros financieros esenciales y la documentación corporativa estaban incompletos, y que años de comunicaciones por correo electrónico (de julio de 2020 a diciembre de 2024) habían sido eliminadas deliberadamente de la cuenta de negocios principal.
Por su parte, Mireddys González-Castellanos, exesposa del artista, es señalada como coordinadora administrativa de la empresa. La demanda alega que preparó y circuló repetidamente «split sheets» y asignaciones de publicación que inflaron falsamente la participación de Pina, al tiempo que reducían la de los demandantes. Ella habría asegurado que la apropiación indebida se mantuviera oculta al transmitir estos registros fraudulentos a través del comercio interestatal y excluyendo deliberadamente a Ayala Rodríguez de las comunicaciones.
La querella incluye múltiples actos de extorsión y fraude electrónico en violación de las leyes federales y estatales, como la asignación de participaciones de publicación en canciones clave sin el consentimiento del artista, incluyendo porcentajes en temas como «Mayor Que Yo 3», «Otra Cosa», «Bella y Sensual», «El Desorden», «Inolvidable (Remix)», «La Rompe Corazones», «Runaway,» y «Zum Zum Zum».
¿Quiénes fueron los demandados restantes?
Otros acusados, incluyen al productor Andres A. Coll-Fernández, quien se alega actuó como el principal ayudante y mentor de Pina, legitimando las reclamaciones fraudulentas y reforzando un entorno coercitivo de miedo.
Asimismo, Yankee acusa al abogado Edwin Prado-Galarza de ser un facilitador al ejecutar acuerdos sin la autorización de Ayala-Rodríguez (como para la canción «Buena Vida Remake»), dando una apariencia de validez legal a las reclamaciones fraudulentas.
Según la demanda, el esquema no solo se limitó a Daddy Yankee, sino que representó un patrón recurrente de conducta que también afectó a otros artistas menos experimentados.
Fuente: El Vocero
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